Proyecto Quetzal: el gobierno mexicano apuesta al 5G con licitación de espectro en 2026
México avanza en su transformación 5G con el Proyecto Quetzal, que refuerza el control estatal sobre Altán Redes y planea una licitación de espectro incluyendo bandas de 600 MHz y 37 GHz.
El gobierno federal mexicano impulsa el denominado Proyecto Quetzal, una iniciativa que busca consolidar el control estatal sobre la infraestructura de telecomunicaciones de cuarta y quinta generación en el país. El plan contempla que CFE Telecomunicaciones tome participación mayoritaria en Altán Redes —la empresa que opera la red compartida de mayoreo— y establece una licitación de espectro radioeléctrico para 2026 que incluirá las bandas de 600 MHz y frecuencias altas como 10 GHz y 37 GHz, clave para el despliegue de 5G.
El mercado 5G en México: cifras que justifican la apuesta
Según datos del mercado, la infraestructura 5G en México alcanzó un valor de 306.3 millones de dólares en 2025 y se proyecta que llegue a 5,517 millones de dólares para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 37.88%. Se trata de uno de los mercados de telecomunicaciones de mayor crecimiento en América Latina, impulsado por la densificación urbana, la demanda de conectividad empresarial y la expansión del internet de las cosas (IoT) industrial.
Sin embargo, el despliegue de 5G en México ha avanzado de forma desigual. Las grandes ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara cuentan con cobertura 5G de Telcel y AT&T, pero vastas zonas rurales y semiurbanas permanecen sin conectividad de banda ancha, lo que amplía la brecha digital.
Altán Redes y la red compartida de mayoreo
Altán Redes fue concebida como la solución estructural a esa brecha: una red compartida de mayoreo sobre la banda 700 MHz que los operadores privados podían arrendar para dar servicio a zonas no rentables. No obstante, el proyecto enfrentó problemas financieros y operativos que limitaron su alcance.
El Proyecto Quetzal busca rescatar esa visión bajo liderazgo estatal. Al otorgar a CFE Telecomunicaciones el control mayoritario, el gobierno apuesta a que la infraestructura del Estado pueda subsidiar la expansión hacia zonas de baja densidad donde el sector privado no llega por razones de rentabilidad.
La licitación de espectro: qué está en juego
La licitación anunciada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para 2026 es técnicamente significativa por las bandas incluidas:
- 600 MHz (banda baja): ideal para cobertura amplia en zonas rurales y penetración en interiores. Es la misma banda que T-Mobile utilizó para su expansión rural en Estados Unidos.
- 10 GHz y 37 GHz (bandas altas / mmWave): permiten velocidades de descarga ultrarrápidas (potencialmente por encima de 1 Gbps) y latencias muy bajas, pero con menor alcance. Son críticas para aplicaciones industriales, hospitales inteligentes y zonas urbanas densas.
La combinación de ambas categorías de espectro apunta a una estrategia dual: cerrar la brecha rural con frecuencias bajas y preparar el terreno para casos de uso avanzado de 5G en entornos urbanos.
Retos para la implementación
La ambición del Proyecto Quetzal contrasta con desafíos estructurales que no desaparecen por decreto. El déficit energético que enfrenta México —documentado en el contexto de la expansión de centros de datos— también afecta el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Las antenas de 5G, especialmente en bandas altas, requieren una densidad de sitios mucho mayor que las de 4G, lo que incrementa la demanda eléctrica.
Además, la participación estatal en mercados competitivos genera incertidumbre regulatoria para los operadores privados, que podrían ralentizar sus propias inversiones ante la ambigüedad sobre las condiciones de competencia con un actor respaldado por el Estado.
Perspectiva
México tiene la oportunidad de convertir el 5G en un instrumento de inclusión digital si la ejecución del Proyecto Quetzal es eficiente y transparente. El espectro es un recurso público escaso, y su asignación determinará en buena medida quién se conecta y a qué velocidad durante la próxima década. La licitación de 2026 será una prueba de fuego para la política de telecomunicaciones de la actual administración.