México debate su primera ley de inteligencia artificial en el Congreso

México está a un paso de convertirse en uno de los primeros países de América Latina en contar con una ley federal específica para la inteligencia artificial. En el Congreso de la Unión coexisten actualmente dos iniciativas que buscan definir el marco legal bajo el cual empresas, gobierno y ciudadanos podrán usar — y ser afectados por — sistemas algorítmicos. El debate no es menor: la IA ya permea contrataciones, créditos, vigilancia y servicios públicos en el país, sin una regulación vinculante que la respalde.

Dos iniciativas, una urgencia compartida

La primera propuesta, la Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la IA, fue presentada en abril de 2025 y sigue en comisiones. Plantea la creación de un Consejo Nacional de IA, un registro obligatorio de sistemas algorítmicos de alto riesgo y una Plataforma Nacional de Auditoría Algorítmica que permita revisar decisiones automatizadas que afecten derechos ciudadanos.

La segunda, la Ley Nacional para Regular el Uso de la Inteligencia Artificial, llegó al Congreso en febrero de 2026. Su enfoque es más institucional: propone una nueva agencia supervisora independiente con facultades para sancionar a empresas y dependencias gubernamentales que usen IA de forma opaca o discriminatoria. Cubre tanto al sector público como al privado.

El gobierno ya usa IA sin regulación clara

El impulso legislativo no es teórico. Expertos consultados por medios especializados han documentado que diversas dependencias federales ya utilizan inteligencia artificial para analizar declaraciones patrimoniales, procesar solicitudes de apoyo social y gestionar sistemas de videovigilancia — todo ello sin una estrategia nacional publicada ni mecanismos de rendición de cuentas.

Los Principios de Chapultepec, presentados conjuntamente por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), representan la postura oficial hasta ahora. Sin embargo, al ser una declaración de principios, no tienen carácter vinculante y no imponen sanciones.

La disolución del INAI complica el panorama

Uno de los factores que más preocupa a organizaciones civiles es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en mayo de 2025. Sus funciones fueron transferidas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que según críticos representa un retroceso en independencia institucional precisamente cuando se necesita un árbitro neutral para supervisar el uso de datos en sistemas de IA.

"Necesitamos una autoridad de IA que sea independiente del poder ejecutivo, no una dependencia que le reporte directamente."

Lo que está en juego para el ecosistema tecnológico

Para las startups y empresas de tecnología mexicanas, la regulación tiene dos caras. Por un lado, un marco legal claro puede generar certeza jurídica y atraer inversión internacional — los fondos europeos y norteamericanos que invierten en LATAM cada vez exigen que sus portafolios cumplan estándares regulatorios de IA. Por otro, una ley mal diseñada podría imponer cargas administrativas que frenen la innovación en un sector que creció de prácticamente cero startups de IA en 2018 a más de 360 en 2024.

Los sectores de mayor impacto potencial incluyen:

• Fintech: Sistemas de scoring crediticio y prevención de fraude basados en IA.
• Salud: Diagnósticos asistidos por algoritmos y gestión de expedientes clínicos.
• Recursos humanos: Filtros automáticos de candidatos y análisis de desempeño.
• Seguridad pública: Videovigilancia con reconocimiento facial y análisis predictivo de delitos.

El calendario legislativo

Ambas iniciativas están en proceso de dictaminación en comisiones unidas. El calendario del Congreso sugiere que podría haber un dictamen consolidado antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, aunque las fuentes legislativas consultadas advierten que los tiempos políticos son impredecibles. Si una ley se aprueba en 2026, México se adelantaría a la mayoría de países latinoamericanos y estaría alineado con el cronograma de implementación del Reglamento de IA de la Unión Europea.

Lo que parece inevitable es que la regulación llegará. La pregunta es si lo hará con suficiente rigor técnico como para proteger a los ciudadanos sin asfixiar a la industria — un equilibrio difícil, pero necesario para que México capitalice su posición en la economía digital regional.