México amplía IVA a ventas B2B en plataformas digitales en 2026

Desde enero de 2026, México aplica el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las ventas entre empresas (B2B) realizadas a través de plataformas digitales. El cambio amplía el marco fiscal que hasta 2020 solo cubría transacciones con consumidores finales (B2C), y tiene implicaciones significativas para toda la cadena de valor del comercio electrónico y la economía digital en el país.

La medida, implementada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), extiende la obligación de retener y enterar impuestos a las plataformas que intermedian operaciones comerciales entre negocios. En la práctica, esto significa que marketplaces, SaaS, servicios cloud y herramientas de software utilizadas por empresas mexicanas ahora tienen nuevas obligaciones fiscales, tanto para operadores locales como para proveedores extranjeros.

Qué cambia exactamente

Antes de esta reforma, las plataformas digitales que operaban en México solo tenían obligación de retener IVA e ISR en transacciones con personas físicas (consumidores). Las operaciones B2B —empresa comprando servicios a empresa— quedaban bajo la responsabilidad directa de las partes involucradas.

Con la nueva regulación:

• Las plataformas digitales actúan como agentes de retención para las operaciones B2B que intermedian
• El IVA aplicable (16%) debe ser retenido y enterado al SAT por la plataforma, no por el comprador
• Una retención del ISR también aplica sobre los ingresos que los vendedores reciben a través de estas plataformas
• Los proveedores extranjeros sin establecimiento permanente en México también quedan sujetos al esquema si sus servicios se consumen en territorio nacional

Impacto en plataformas internacionales

El cambio tiene mayor impacto en plataformas de origen extranjero que prestan servicios a empresas mexicanas: proveedores de software en la nube (SaaS), servicios de almacenamiento, herramientas de productividad, plataformas de publicidad digital y marketplaces de servicios profesionales.

Estas plataformas deben ahora registrarse ante el SAT, obtener una RFC simplificada y cumplir con obligaciones de reporte periódico. El incumplimiento puede derivar en bloqueos de servicios o restricciones para operar en México, una herramienta que el SAT ya utilizó con algunas plataformas de streaming en años anteriores.

Qué significa para las empresas mexicanas

Para las empresas que compran servicios digitales —desde una PYME que usa herramientas de gestión en la nube hasta una corporación que contrata servicios de análisis de datos— el cambio principal es administrativo: la retención ya no es su responsabilidad directa si la plataforma cumple con su obligación.

Sin embargo, el impacto real está en el precio final de los servicios. En muchos casos, plataformas extranjeras que antes cotizaban sin IVA incorporado ahora deben añadirlo, lo que eleva el costo efectivo para el comprador mexicano. Esto presiona especialmente a startups y pymes con márgenes ajustados que dependen de herramientas SaaS internacionales.

Fintech en el centro del cambio

El sector fintech es uno de los más afectados, dado que opera con una densidad particularmente alta de integraciones con plataformas y proveedores externos: gateways de pago, APIs de verificación de identidad, servicios de scoring crediticio, plataformas de cumplimiento regulatorio. Cada una de estas integraciones puede verse afectada si el proveedor no ha completado su registro ante el SAT.

La recomendación de expertos fiscales es que las empresas hagan un inventario de sus proveedores digitales extranjeros y verifiquen si ya cuentan con RFC en México. En caso contrario, la empresa compradora podría tener que retener y enterar el IVA directamente, lo que aumenta la carga administrativa.

Perspectiva a largo plazo

La expansión del marco fiscal digital es parte de una tendencia global. La OCDE —de la que México es miembro— ha impulsado estándares para gravar la economía digital de forma más uniforme entre países, cerrando las brechas que permitían a plataformas globales operar en mercados locales con cargas fiscales mínimas.

México, que ya implementó la primera fase de este marco en 2020, consolida ahora su posición como uno de los mercados latinoamericanos con regulación fiscal digital más avanzada. El reto será la fiscalización efectiva: asegurar que plataformas internacionales cumplan sin que la complejidad del sistema aleje inversión o encarezca servicios clave para la digitalización de las empresas mexicanas.

Para los jugadores del ecosistema tech, el mensaje es claro: operar en México requiere cada vez más una estrategia fiscal local bien definida, no solo técnica y comercial.