México debate su ley de IA en medio de un vacío regulatorio
Tras la disolución del INAI, México afronta su momento regulatorio para la IA con múltiples iniciativas en el Congreso pero sin una ley aprobada aún.
México enfrenta una paradoja incómoda: mientras las inversiones en inteligencia artificial se multiplican y las empresas integran modelos de IA en sus operaciones cotidianas, el país carece aún de una ley que regule su uso. Analistas denominan a este momento el "momento regulatorio" de la IA en México —una ventana crítica en la que el Congreso debe actuar antes de que la brecha entre tecnología y normativa se vuelva insalvable.
El vacío que dejó la desaparición del INAI
El panorama institucional se complicó en mayo de 2025, cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue disuelto como parte de una reforma al poder ejecutivo. Sus funciones de supervisión en materia de datos personales pasaron a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, un organismo con un mandato más amplio y recursos distribuidos entre múltiples responsabilidades.
Esta transición generó incertidumbre entre empresas, ciudadanos y académicos: ¿quién vigila ahora el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales? ¿Con qué capacidad técnica cuenta la nueva autoridad para supervisar sistemas de IA que procesan millones de datos sensibles?
Las iniciativas que compiten en el Congreso
Lejos de haber un consenso, el Congreso mexicano alberga varias propuestas legislativas en distintas etapas de avance:
- Ley Nacional para Regular el Uso de la Inteligencia Artificial, presentada por la senadora Karina Isabel Ruíz Ruíz. Busca establecer un marco general de derechos y obligaciones para el desarrollo y uso de sistemas de IA en sectores públicos y privados.
- Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, impulsada desde la Cámara de Diputados. Propone catalogar los sistemas de IA por nivel de riesgo e imponer requisitos específicos para los considerados de alto riesgo —como algoritmos de diagnóstico médico o sistemas de sentencias automatizadas—, que requerirían autorización previa.
- Propuesta de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) como autoridad rectora en materia de IA, con facultades para establecer estándares éticos y administrar un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial.
Ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada. La diversidad de enfoques refleja tensiones reales: entre quienes priorizan la innovación y temen que una regulación rígida frene la competitividad, y quienes advierten que sin reglas claras los derechos de los ciudadanos quedan expuestos.
El modelo internacional como referencia
México mira con atención el camino recorrido por la Unión Europea, cuya AI Act entró en vigor en 2024 y se ha convertido en referente global. El modelo europeo clasifica los sistemas de IA por niveles de riesgo y establece obligaciones proporcionales: transparencia, auditorías técnicas y, para los sistemas de mayor riesgo, prohibición directa.
Sin embargo, importar acríticamente el modelo europeo tampoco es la solución. México tiene un contexto distinto: menor capacidad de fiscalización, economía con sectores informales amplios y una industria tecnológica emergente que requiere certeza jurídica para atraer inversión, no necesariamente las mismas cargas regulatorias que soportan las grandes plataformas europeas.
Lo que está en juego
La ausencia de regulación no es neutral. En 2024, el INAI recibió más de 2,347 denuncias por uso indebido de información privada, un 18% más que el año anterior. La adopción masiva de IA en empresas, gobierno y servicios públicos amplía exponencialmente las posibilidades de que esos datos sean procesados de formas que los ciudadanos no anticiparon ni consintieron.
Al mismo tiempo, México ha atraído compromisos de inversión en IA que superan los 10,000 millones de dólares en los últimos 18 meses. Las empresas que invierten exigen saber con qué reglas del juego operarán. La incertidumbre regulatoria es, paradójicamente, un freno tanto para la protección de derechos como para el desarrollo del sector.
El reloj corre
Expertos coinciden en que 2026 es el año decisivo. Si el Congreso no aprueba un marco base antes de que concluya el período ordinario de sesiones, México entrará en 2027 con una IA ya profundamente instalada en su economía pero sin las reglas mínimas para gobernarla.
La pregunta no es si México necesita regular la IA —eso ya no está en debate. La pregunta es si el sistema político tiene la velocidad y el consenso suficientes para hacerlo antes de que la tecnología dicte sus propias condiciones.